Hace un tiempo que la normativa ha provocado un cierto revuelo entre las empresas al dotar a estas de responsabilidad penal.

El Código Penal expone un listado de delitos a los que las empresas pueden incurrir, en beneficio de estas, a través de cualquiera de sus integrantes (socios, administradores, empleados o colaboradores).

Ante el riesgo de delito, y como si fuera “un escudo”, la misma normativa expone la redacción de un Programa de Cumplimiento Normativo Penal y la creación de la figura del Oficial de Cumplimiento.

La idea básica es que el Programa de Cumplimiento Normativo Penal debe recoger los riesgos de cometer cualquier conducta ilícita penal y las medidas para evitarla o atenuarla, al mismo tiempo que crea un Código de Buena Conducta.

¿Y quién es el encargado o encargada de vehicular, crear y adaptar este programa? La respuesta es clara, el Oficial de Cumplimiento.

Esta figura, dotada de recursos y de independencia decisoria, además debe investigar, por el bien de la empresa, todos aquellos indicios de conductas delictivas que puedan surgir en el seno de la empresa.

Llegado a este punto, recordamos que la figura del Detective Privado, es la única habilitada, según la Ley de Seguridad Privada, para realizar investigaciones empresariales.

Y es de esta manera en la que se ligan ambos profesionales, el Oficial de Cumplimiento y el Detective, que deben trabajar conjuntamente para resolver los problemas que puedan surgir en la empresa y evitarle así infracciones que pueden provocar posibles multas, inhabilitaciones o intervenciones judiciales.

Muchos de nuestros clientes nos preguntan si nuestra labor choca con la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) ya que con nuestros informes tratamos datos de carácter personal que afectan a terceros.

Debemos decir claramente que NO y que no estamos obligados a informar al investigado, ya que la propia ley y la Agencia Española de Protección de Datos contemplan la labor del detective y su informe, válido en un juicio, como excepcional al dar prioridad al derecho a la tutela judicial efectiva.

De esta manera també se nos permite el uso de cámaras ocultas como medio de prueba, siempre y cuando este sea razonable, fundamentado y proporcional a la finalidad perseguida y que el cliente sea parte legítima en el encargo realizado.

En nuestro despacho tratamos temas empresariales y particulares en los que nuestros clientes se ven abocados a un proceso judicial que requiere de pruebas que sustenten sus razonamientos.

Muchos de estos clientes nos consultan sobre si es legal grabar conversaciones y nuestra respuesta es siempre la misma, ¡depende!

El cliente tras poner una cara de circunstancias nos pregunta por el depende y es entonces cuando le dejamos dos puntos claros que permiten discernir cual es el límite legal de las grabaciones realizadas.

El primero de estos puntos es que ellos deben participar de la conversación que están grabando y que jamás deben grabar conversas ajenas.

El segundo punto es que deben entender que la grabación debe ser utilizada en el ámbito legal y judicial, de acuerdo con un uso racional y coherente de la información recabada.

Jamás debe hacerse uso público de esas grabaciones, ni exponerlas en las redes sociales, ya que el uso indiscriminado nos haría entrar  en la más absoluta ilegalidad vulnerando el secreto de las comunicaciones, o el derecho al honor, la intimidad o la propia imagen.

Tras reseñar varias veces estas premisas, que son apoyadas por numerosas sentencias judiciales, nosotros mismos les aconsejamos estas grabaciones y les orientamos y preparamos para el uso de los dispositivos necesarios.